Deuda pública argentina y los llamados "fondos buitre"

     Se le llama “fondo buitre” a un fondo de inversión libre, donde una empresa o persona, se dedica a comprar mediante la especulación financiera, títulos de deudas públicas (deudas de Estados que se encuentren propensos a la quiebra o en una mala situación financiera)  a muy bajo precio y, mediante acciones judiciales y extorsivas, lograr cobrar mucho más de lo que el mercado está dispuesto a pagar por estos activos.

     El origen de la deuda externa argentina, proviene de  los procesos de endeudamiento y su estrecha relación con la corrupción y la crisis macroeconómica por la cual pasaba el país, por ello, Argentina recurre a los fondos buitres debido a la gran deuda externa que venía acumulando desde hace 40 años y que aumentó de forma exponencial desde el año 1976 cuando tuvo un incremento del 365%; la consecuente crisis de generación de divisas para afrontar los compromisos de deuda cada vez más crecientes, hizo que en el año 2000 se llevara a cabo la realización de un canje de deuda, que significaba la reestructuración de alrededor de  50.000 millones de dólares a tasas muy elevadas y en condiciones arbitrarias, lo cual detonó el punto final cuando en diciembre del 2001 el Fondo Monetario Internacional se negó a reestructurar el vencimiento de deuda pública, lo cual introdujo formalmente a Argentina en la cesación de pagos (default) por el no pago de parte de su deuda externa. El proceso de desendeudamiento tuvo sus inicios en el año 2005 con el primer canje voluntario de la deuda en default, proceso con el cual se ofrecía canjear los títulos defaulteados por otros, aceptando un rescate importante en el capital compensada por una serie de alternativas de repago e interés, con esto se logró de forma exitosa renegociar cerca de 1.800 millones de dólares. En el 2006 logro cancelar su deuda externa con el FMI con un pago anticipado de 9.530 millones de dólares. Para el año 2010 se decide lanzar de forma oficial un nuevo canje de deuda  para acreedores externos privados con la intención de reestructurar la deuda y solucionar conflictos jurídicos derivados del default.

     El pago que están reclamando los denominado “fondos buitre” refiere a una operación especulativa, basada en la compra de bonos argentinos defaulteados, que tenían prestamistas privados y que no aceptaron las propuestas de reestructuración de deuda que hizo el gobierno argentino en los años 2005 y 2010; cabe destacar que por lo tanto estos fondos buitres, nunca le prestaron dinero a la Argentina, sino que compraron títulos defaulteados (bonos basura) que se encontraban a muy bajo precio. Estos especuladores pretenden lograr ganancias exorbitantes (sin lógica de mercado), ya que pagaron en conjunto 48,7 millones de dólares por los bonos y por una determinación de un Juez lograría cobrar mas de 1.300 millones de dólares, con lo cual alcanzaban una tasa de ganancia de 1.608%.

     Para las condiciones de pago de los bonos, se determina que los títulos estén bajo órbita de la Ley norteamericana, por lo tanto los especuladores tiene derecho a reclamar en la justicia norteamericana (a sabiendas de que se tratan de intereses radicados en los Estados Unidos) y existe una posibilidad de que ante la falta de pago, se embarguen los bienes argentinos (propiedades diplomáticas, activos, fondos, reservas) y sobre todo podrían embargar los intereses de la deuda reestructurada, con lo que afectarían el pago a los bonistas que aceptaron la propuesta argentina y aceptaron el canje en su momento.

     La situación de los fondos buitres en el caso de Argentina en la actualidad están de la siguiente manera; luego de que el juez dictara el pago total de la deuda con los bonistas mas sus intereses acumulados, con una suma de $1.330 millones, Argentina decide apelar al fallo del juez, obteniendo un rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos; en junio del presente año Argentina realiza un pago de $832 millones a los bonistas que si ingresaron al canje (a diferencia de los fondos buitres), de los cuales se depositaron $539 millones en la cuenta Bank of New York Mellon (entidad encargada de efectuar el pago a los bonistas), a partir de ese momento de transferencia los fondos girados ya no son propiedad de Argentina sino que pertenecen a terceros, pero al momento de conocerse esta transferencia el juez encargado de los fondos buitres califica como ilegal el pago de los $539 millones y ordena al banco devolver el dinero al organismo monetario argentino, pero al no realizarse las transferencias del banco hacia los bonistas, se desata otra batalla judicial; puesto que el dinero ya había sido depositado por el Estado argentino, la responsabilidad de completar y distribuir el pago era de los agentes fiduciarios (BONY y Euroclear) por lo que a ellos les corresponde responder ante las posibles demandas legales que surgieran por parte de los tenedores de bonos reestructurados; como se preveía al vencerse el pago de los bonistas que ingresaron al canje de deuda, los tenedores de bonos europeos iniciaron demandas en Bélgica contra los agentes fiduciarios europeos y por su parte en Estados Unidos se convoca a una audiencia entre el Ministro de economía, el mediador del caso y los representantes de los fondos buitres, donde se les ofreció ingresar al canje en condiciones similares a las que accedieron los bonistas en 2005 y 2010 con la finalidad de darle un cauce al conflicto, pero los representantes  de los fondos buitres rechazaron la oferta.