La discrecionalidad administrativa es, aquella potestad
manifestada en la libertad que tiene la Administración, otorgada por la ley, de
realizar actuaciones y declaraciones de carácter sub-legal, para lo cual el
órgano administrativo valorará y apreciará las circunstancias de hecho a los
fines de resguardar el interés general o colectivo y demás fines previstos en
la norma.
Es de conocimiento público, los debates
ocurridos dentro de la Asamblea Nacional acerca de la asignación discrecional
de los recursos, partiendo del hecho de que no se destinaran recursos para
todos por igual. Tal es el caso de la discrecionalidad con la que el Ejecutivo
Nacional restringe recursos para las gobernaciones y alcaldías y asigna los recursos
para algunos en agravio de las necesidades de otros; con un ejemplo vemos como
a comienzos del año 2013 el gobierno acelero los gastos y gestionó la
aprobación de créditos adicionales en gastos operativos para las gobernaciones
del Zulia y Aragua respectivamente, financiándolos con fondos paralelos.
En la Constitución se estableció como
sistema de financiamiento el Situado Constitucional hasta un 20% de los
ingresos ordinarios que deben ir a las gobernaciones. De manera distorsionada
se han aprobado con discrecionalidad créditos adicionales e inversiones, haciendo
uso de los recursos públicos de acuerdo con las disposiciones que tenga el
Ejecutivo Nacional, lo que va en detrimento del crecimiento armónico de toda la
población y del espíritu de la Constitución, de hacer que todos los estados del
país puedan gozar de los recursos suficientes para su progreso.
De los ingresos obtenidos de manera
extraordinaria el pasado año el Gobierno nacional viene, asignando recursos de
forma discrecional a varias
gobernaciones. En los que destacan; concesión de recursos a través de créditos adicionales
a Delta Amacuro, para un aeropuerto; a Vargas, para un juego en la playa; y, en
Aragua, Zulia, Cojedes y Mérida, para cancelar deudas de gastos del 2012 que
estaban pendientes. Además, para el estado Carabobo, Aragua, Bolívar, Yaracuy,
Trujillo y Alcaldía de Girardot se aprobaron recursos para salud, programas
sociales e inversión social.
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